¿Por qué al Gobierno y al (los) Movimiento(s) estudiantil(es) les ha costado tanto llegar a un acuerdo? Esta es una pregunta bastante simple pero de complicada respuesta. Sin embargo intentaremos desarrollar una explicación plausible sin recurrir a argumentos que hablan del autoritarismo del gobierno, o de la improvisación (falta de un relato) y reactividad del gobierno.
En términos bastante simples gobierno y movimiento estudiantil tienen distintas concepciones acerca de su papel, y el significado que tienen los movimientos sociales. Desde la visión del gobierno el problema de los estudiantes es un problema de intereses y en cambio desde la visión del movimiento su problema es un problema de derechos. Estamos ante un problema de distintos conceptos de la sociedad civil, y del rol de los movimientos sociales.
En el caso del gobierno, el movimiento estudiantil representa los intereses de algunos sectores de la sociedad. El gran problema que ha tenido este movimiento estudiantil para el gobierno radica en que se han sumado distintos tipos de intereses generando un “coctel” de ingobernabilidad. Se trataría de una curiosa mezcla es estudiantes de universidades tradicionales (que por sus méritos académicos, corresponde a la “élite” del país), de estudiantes secundarios municipalizados (que corresponden a sectores menos privilegiados), del colegio de profesores (entidad corporativa que defiende los intereses de los profesores municipalizados), y del Cruch.
Si entendemos el movimiento estudiantil como una sumatoria de intereses lo que correspondería simplemente es “negociar”. La lógica del proceso de negociación es una lógica de suma cero. Es decir, entregar recursos a unos a costa de otros (por ejemplo, a los centros de formación técnica en detrimento de la “elite” de estudiantes universidades tradicionales). Al entregar recursos a costa de otros naturalmente “saltarán” los intereses de otros implicados, es decir, se trata de resucitar la “vieja lucha de clases”. El gran supuesto que tiene esta concepción radica en el hecho de que el gobierno sería el único portador de los “intereses generales” y que, por tanto, su función es evitar que las “mayorías silenciosas” sean pasadas a llevar por minorías activas. Este modelo funciona bien bajo el supuesto de que el gobierno no se vea “chantajeado” por los grupos de presión. Por lo tanto, la negociación implica un doble proceso: por una parte que el gobierno muestre “coraje” para no ceder a los “chantajes” de los grupos de presión y, en segundo lugar, entregar recursos para satisfacer algunos mínimos de intereses. Es decir, el problema estudiantil se resuelve con recursos estratégicamente utilizados.
Para quienes participan en el movimiento estudiantil ellos representan derechos ciudadanos. Los derechos tienen un carácter general, es decir, ellos representan los intereses de la sociedad frente a la injusticia social. La prueba de ello radica en el hecho “altruista” de estar dispuestos a perder el año escolar por lograr el derecho de “todos los chilenos” para una educación justa. Por tanto, la revuelta estudiantil se trata de una “rebelión justa”. En la lucha por los derechos se hace posible la concurrencia de distintos intereses que se combinan para lograr una mejora para toda la sociedad. La aspiración de los estudiantes no es una cuestión de recursos para ellos, sino de derechos, específicamente de “recursos que estén al servicio de derechos”. Si entendemos el movimiento estudiantil como un espacio por la disputa de derechos lo que corresponde es el diálogo y el debate. Este debate no se puede fundar en la oposición entre intereses individuales, sino de discutir sobre los derechos de los ciudadanos.
En términos simples se trata de entender a estos movimientos como demandantes de intereses o como demandantes de derechos. A pesar de los notables antecedentes de mediación del actual ministro, si su aproximación sólo considera los intereses siempre el gobierno se va a formular la misma pregunta, ¿qué más quieren? Digámoslo con franqueza la solución no pasa sólo por “firmar la chequera”. Que nuestro ordenamiento institucional no sea capaz de generar las condiciones para que estén representados los ciudadanos es una “culpa” que le podemos asignar a nuestra elite gobernante, después de todo los “acuerdos constitucionales” de la transición ya cumplieron su función, “manejar” el miedo (tanto a las movilizaciones sociales como a las movilizaciones militares).
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